El AMPA del IES Laurona de Llíria denuncia la falta de profesorado en el centro
La
asociación de madres y padres de alumnos del IES Laurona de Llíria ha
denunciado la falta de profesorado en el centro y ha reconocido estar
"cansada de promesas incumplidas", según han indicado en un comunicado.
El
AMPA considera que la falta profesorado en el centro está provocando
que la situación del alumnado afectado "se esté prolongando, en algunos
casos, más de lo normalmente admisible, superando incluso el mes sin
docencia".
Dentro
de la "carencia generalizada" de profesores, el AMPA ha querido hacer
hincapié en la baja del profesor de biología que imparte clase en
segundo de bachiller, "lleva más de un mes de baja y todavía no se ha
sustituido la plaza", han destacado.
Este profesor tiene asignadas tutorías y por tanto
se está perjudicando "gravemente" al desarrollo de la programación del
curso. El inspector de zona "era sabedor de esta baja y se ofreció a
ayudarnos pero no ha sido cierto", han explicado desde el AMPA.
Como
consecuencia de ello, los padres han denunciado que el alumnado está
sufriendo la ausencia del profesorado y por tanto "mermando los
conocimientos necesarios para optar a las pruebas de selectividad en las
mismas condiciones que el resto de alumnos".
Por
su parte FAPA-València ha venido denunciando la falta de profesorado
desde inicio de curso en "muchos" centros públicos de primaria y
secundaria, gracias al seguimiento realizado a través de todas sus
AMPAS, que han comunicado a la federación todas las incidencias que se
han registrado en sus colegios hasta el momento.
De
esta manera FAPA-València pide a la Consellera de Educación, María José
Catalá, que subsane "urgentemente" esta problemática que "evidentemente
impide la lucha contra el fracaso escolar y merma la calidad de la
enseñanza, ejes fundamentales de la política educativa anunciada por la
administración".
Quiero clase en valenciano, señor juez
Las familias de colegios públicos que han logrado por sentencia explican sus razones
A la ziquierda, Abraham Canales y Cristina Fernández, padres del colegio Rei En Jaume, con la profesora Rosa. / TANIA CASTRO
Tres
colegios recurrieron ese mismo año a la Justicia la denegación de su
solicitud, asesorados por Escola Valenciana. A dos ya les ha dado la
razón el Tribunal Superior. En el Rei En Jaume, un centro de 400 alumnos
con un tercio de población inmigrante, la petición venía de 2008. Ante
el silencio de la Administración, Violeta y Adrià, los hijos de Abraham y
de Cristina, empezaron la línea en valenciano en septiembre de 2009 con
una veintena de niños. Pero llegado mayo la consejería notificó la
denegación, con las vacaciones a la vuelta de la esquina. Adrià y
Violeta continúan aprendiendo en valenciano, ahora en Primaria, pero su
promoción es un islote lingüístico, porque tanto los que van delante
como los que han venido detrás fueron escolarizados en castellano a raíz
de la denegación.
Abraham
y Cristina iban cargados de razones a los tribunales. Todas las
familias del centro querían a sus hijos escolarizados en valenciano, la
decisión del consejo escolar fue unánime y les avalaban el Sindic de
Greuges, el inspector de zona y el consejo escolar municipal. “Era un
tema de justicia; a ojos vista se estaba cometiendo una injusticia con
el colegio”, dicen. Pero siguen sin entender el porqué de las
denegaciones. “Para nosotros se había convertido en un contrasentido por
parte de la consejería”.
Joan
Cabrera, director del centro, recuerda que en el municipio hay ocho
líneas de castellano y seis de valenciano. Y yendo más al fondo del
asunto, la experiencia le dice que con la línea en castellano, “nunca se
cumple el objetivo de hablar las dos lenguas”. El director asegura que
tanto en las evaluaciones internas como externas del centro, los cursos
en valenciano están por encima de la media y los de castellano por
debajo. Además, “las líneas en castellano se llevan el 80% de los
recursos del centro” para compensación de desigualdades, subraya el
director del colegio, que está en el Programa de Educación
Compensatoria.
A
más abundancia, la profesora de Violeta y Adrià, Rosa Cortés, que antes
impartía en castellano, es ahora ferviente abogada de la línea en
valenciano y más en un contexto multicultural. Destaca que los dos
primeros en leer en valenciano fueron, precisamente un niño rumano y
otro africano. Y que en esta promoción aislada ha tenido menos problemas
de adaptación y necesidades de apoyo que en las anteriores en
castellano. “He enseñado en valenciano y castellano y veo que
académicamente todo son ventajas e incluso podemos disminuir el fracaso
escolar”. El mayor daño se ha hecho “a las otras promociones, que están
descompensadas”, dice la profesora. Además, dicen los padres, “el juez
ha votado a favor de la elección de los padres”.
Lo
mismo piensa Francisco Fons, director del colegio concertado Sant
Cristòfol, de Picassent, que en diciembre de 2012 obtuvo sentencia
favorable para implantar una línea en valenciano. Recuerda que los
padres que firmaron el recurso, sin embargo, “no se van a beneficiar,
porque sus hijos ya están Primaria en castellano”, explica Fons. “Se
beneficiarán los que empiecen en septiembre”. “Lo pasamos muy mal, la
denegación creó impotencia y malestar”, asegura el director de este
colegio parroquial que no ve razones académicas en una denegación de
este tipo, sino “políticas”.
Fueron
muchos más los centros que vieron denegada ese año su solicitud de
línea en valenciano, pero que no fueron a los tribunales. Su suerte ha
sido dispar, pero por lo general, la respuesta a sus solicitudes ha sido
la misma. Ante el silencio administrativo, el colegio Gonzalez Marti de
Benifaraig arrancó en 2009 un primero de Infantil en valenciano que ha
seguido así tres cursos “sin que haya habido”, subraya Rafael Miralles,
secretario del Ampa y miembro del consejo escolar, “ninguna protesta”.
El problema llegó este curso, al empezar Primaria. “La Administración
informó de que era una anomalía y”, lamenta, “estranguló la línea”.
El
secretario autonómico de Educación, Rafael Carbonell, que firmó en su
día la denegación de Xirivella, asegura que los fallos judiciales
“coinciden con la línea del nuevo sistema plurilingüe que la consejería
ha puesto en marcha y que defiende el derecho de los padres a que sean
las familias quienes decidan las líneas lingüísticas de cada centro”.
Carbonell dice que van a “preguntar a los padres de los alumnos en qué
lengua desean que estudien mayoritariamente sus hijos”.
